El caso, que conmovió a la opinión pública, no es una protesta aislada sino un fenómeno social que ha unido a colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos, vecinos y políticos de distintos sectores.
El origen: décadas de abuso y una condena controvertida
Moisés Martínez fue condenado en marzo de 2026 a 12 años de prisión por parricidio, tras matar a su padre en mayo de 2025. Según la investigación y los testimonios de su madre y hermanas, Moisés creció en un entorno de terror sistemático: su padre ejercía violencia física extrema y abusó sexualmente de sus hijas y del propio Moisés. El padre ya había tenido una condena por estos hechos hace 15 años, pero al salir de prisión el acoso continuó. El Estado fue señalado por las víctimas como ausente, por no haber brindado la contención necesaria para romper el círculo de violencia.
Pocos días antes del homicidio, Moisés se enteró de que su hermana mayor había sido abusada decenas de veces, incluso recientemente. En un estado de estrés postraumático, fue a la casa de su padre. Según su relato, buscaba un perdón genuino o una explicación, pero la situación escaló y terminó matándolo. Luego se entregó a las autoridades.
La jueza Odriozola, al dictar sentencia, reconoció la historia de horror, pero consideró que no correspondía el perdón judicial total (artículo 36 del Código Penal) porque en el momento exacto del crimen no había peligro inminente de muerte. La defensa, a cargo del abogado Rodrigo Rey (quien reemplazó a Marcos Prieto), argumentó legítima defensa incompleta y estado de necesidad, y apeló la condena. La Fiscalía también apeló, por lo que la sentencia no está firme y restan dos instancias.
La audiencia del 20 de abril: discusión técnica y decisión cautelar
En la audiencia de ayer, el abogado Rey solicitó la revisión de la medida cautelar argumentando que Moisés no presenta riesgo de fuga, que su entorno familiar es continente y que la permanencia en la cárcel común agrava el daño psicológico de una víctima de abuso sistémico. La fiscal Flores se opuso, sosteniendo que existe presunción legal de fuga por la condena de 12 años, que Moisés no se entregó voluntariamente (fue detenido mientras dormía) y que “la justicia no la puede hacer uno mismo”.
La jueza Odriozola, tras advertir que el “juicio paralelo” en la sociedad es legítimo pero no debe condicionar la justicia, consideró que el doble sistema de monitoreo electrónico es suficiente para conjurar el riesgo procesal en esta etapa. Destacó que la prisión preventiva debe ser excepcional, necesaria y proporcional, y que la medida permitirá un eventual tratamiento psicológico. Resolvió la sustitución por arresto domiciliario total con tobillera y baliza, y admitió la apelación de la Fiscalía sin efecto suspensivo, por lo que la medida se cumple mientras el Tribunal de Apelaciones resuelve.
El movimiento social: organización, marchas y consignas
El respaldo a Moisés ha tenido figuras visibles que le dieron peso institucional al reclamo. Andrea Tuana, de la ONG El Paso, experta en violencia basada en género, ha sido la voz técnica más fuerte. Su argumento es que el Estado uruguayo es responsable por omisión, al no haber protegido a Moisés cuando era niño, y que condenarlo hoy es “volver a victimizarlo”. Colectivos feministas se han sumado, viendo en el caso la expresión máxima de violencia vicaria y sistémica.
También se conformó una red de apoyo vecinal que ha abierto cuentas bancarias a nombre de la madre, Sara, para ayudar a la familia con materiales de construcción y víveres, ya que viven en condiciones de extrema precariedad.
Las marchas
El pasado 17 de abril se llevó a cabo una marcha masiva desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha bajo el lema “Esta familia nos necesita”, con foco humanitario. Ayer, día de la audiencia, hubo una concentración frente al Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Cuando se conoció la decisión de la domiciliaria, hubo festejos, aunque los manifestantes aclararon que “esto es solo un paso; el objetivo es la libertad total o la absolución”.
Consignas principales
Las consignas buscan cambiar la etiqueta judicial (“No es un asesino, es una víctima”), exige evaluar el contexto de tortura previa (“Justicia con perspectiva de trauma” y critica la falta de seguimiento tras las denuncias de abuso ("El Estado es responsable").
El pedido de indulto: salto a la política
La presión social también llegó al Parlamento, donde el senador Andrés Ojeda (Partido Colorado) y el diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) impulsan la posibilidad de conceder un indulto parlamentario a Moisés (artículo 84 de la Constitución). Argumentan que el Estado falló previamente y que el caso constituye una excepción humana que merece una salida política. El presidente Yamandú Orsi, si bien se reunió con la familia y manifestó empatía, ha pedido cautela y esperar a que la sentencia quede firme antes de avanzar, para no presionar a la justicia. Desde el Partido Nacional, en tanto, algunos legisladores prefieren centrar el debate en las fallas sistémicas del Estado y en la necesidad de nuevas leyes de infancia, sin juzgar el trabajo de la fiscal o la jueza. Para que el indulto prospere se requieren dos tercios de la Asamblea General y, según la mayoría de los juristas, que la condena esté firme, algo que aún no ocurre porque el caso sigue en instancias de apelación.
Situación actual
Moisés Martínez cumple desde ayer la prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un domicilio de Montevideo, mientras se espera la resolución del Tribunal de Apelaciones sobre la apelación de la Fiscalía. La defensa mantiene su apelación a la sentencia de 12 años. El movimiento continúa movilizado, con el objetivo final de la absolución o el indulto.
