Por Nano González Ferraro
Imagine que usted trabaja en una tienda de ropa y utiliza una computadora con software irregular para la gestión administrativa. Ahora imagine que su vecino lo denuncia, la policía llega dirigida por él, y no sólo se lleva la computadora, sino también la ropa que usted vende. Esa metáfora describe lo que ocurrió en Nueva Palmira el pasado 24 de febrero, cuando la jueza María Alexandra Facal autorizó la incautación de los equipos del Semanario El Eco tras una denuncia de la Cámara Antipiratería del Uruguay.
El sábado siguiente, el semanario apareció con páginas en blanco y la palabra “INCAUTADOS”. Se llevaron varios equipos, incluso uno que no funcionaba y otro personal de una directora, fuera de lo estipulado en la orden. También se borraron fotografías tomadas durante el procedimiento, lo que excedía el mandato judicial. El 4 de marzo, la jueza mantuvo la incautación de computadoras, monitores y accesorios, incluyendo equipos personales sin relación con la denuncia. Según el propio medio, la decisión pone en riesgo su continuidad, y la fiscal anunció que pedirá el procesamiento de su director.
Nadie discute que usar software sin licencia es un delito. Pero la proporcionalidad de la respuesta judicial es lo que está en cuestión. En un país donde persisten delitos graves, la justicia actuó con una celeridad inusual para incautar las herramientas de un medio de comunicación. La sanción terminó afectando no sólo a los equipos, sino al derecho de informar y ser informado, un principio democrático fundamental.
El periodista Daniel Roselli publicó entonces ocho preguntas que interpelan directamente a la justicia: ¿por qué este caso recibió tanta prioridad frente a otros más graves? ¿Con qué legalidad se permite que un denunciante participe en allanamientos de los que obtiene beneficios? ¿Qué opina la Suprema Corte de que se incauten archivos y entrevistas en nombre de la propiedad privada? ¿No estamos ante un ataque al derecho de prensa?
Estas preguntas no son retóricas: son un llamado urgente a revisar cómo se equilibra la protección de la propiedad intelectual con la defensa de la libertad de prensa. La justicia debe sancionar el uso irregular de software, pero no puede hacerlo a costa de silenciar un medio. La incautación indiscriminada de equipos y archivos es una medida desproporcionada que recuerda prácticas de censura de décadas pasadas.
El caso El Eco expone una contradicción: se invoca la ley para proteger un bien privado, pero se vulnera un bien público esencial, la libertad de expresión. La democracia se sostiene en la pluralidad de voces, incluso en las más incómodas. Cuando la justicia se convierte en instrumento de silenciamiento, deja de ser justicia y se transforma en poder arbitrario.
Hoy la lección es clara: la defensa de la legalidad no puede convertirse en excusa para atacar la prensa. La protección de derechos debe ser integral: propiedad intelectual, sí, pero también libertad de expresión. Porque cuando se incauta la voz de un medio, no se está sancionando un delito menor: se está debilitando la democracia misma.
